El Supremo exige que le informen mes a mes sobre el Algarrobico

Imagen del hotel sobre el que pesa una decisión judicial.

El Tribunal Supremo (TS) ha ordenado al Gobierno, a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Carboneras (Almería) que le informen mensualmente sobre las actuaciones que están llevando a cabo para hacer cumplir las sentencias que apuntan la ilegalidad del hotel de Azata en el paraje de El Algarrobico y que derivan en su demolición.

El Alto Tribunal reclama a las tres administraciones, mediante una providencia a la que tuvo acceso Europa Press, que le remitan «un informe mensual expresivo de las actuaciones de toda índole» que desarrollen para «llevar a justo y debido término» la sentencia de febrero de 2016 que declaró que el sector urbanístico sobre el que se levanta la edificación es un área medioambientalmente protegida del parque natural de Cabo de Gata-Níjar y, por tanto, no urbanizable. La sala tercera da respuesta así a un escrito que presentó Greenpeace. 

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) indicó a mediados de noviembre, con motivo de la convocatoria de la comisión mixta Junta-Estado para la demolición del hotel y la restauración medioambiental de la playa de El Algarrobico, que «ya había abordado las cuestiones de su competencia» aprobando el deslinde de ese tramo de costa en 2005 y añadió que ese deslinde que establecía la servidumbre de protección del dominio público marítimo en 100 metros, vulnerado por el hotel, «fue declarado firme por sentencia» del Tribunal Supremo en 2012.

Para llegar hasta la demolición, la Junta debe tomar posesión de las fincas sobre las que se construyó el hotel ejecución del derecho de retracto. Los servicios jurídicos han determinado la «conveniencia» de emprender el retracto de acuerdo al artículo 249.17 de la Ley de Enjuiciamiento Civil

Para llegar hasta la demolición, la Junta debe tomar posesión de las fincas sobre las que se construyó el hotel ejecución del derecho de retracto. Los servicios jurídicos han determinado la «conveniencia» de emprender el retracto de acuerdo al artículo 249.17 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En cuanto al ámbito municipal, el ayuntamiento comunicó en su momento, y lo reiteró en enero 2019 al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,  que no podía declarar nula la licencia de obras ya que la posibilidad de revisar de oficio el acto administrativo por el que la concedió fue vetada en una sentencia de 2014 «definitiva y firme» y, por tanto, debería ir acompañado «de la correspondiente indemnización». No obstante, aseguraba que esta se había vuelto «inejecutable» debido a que «había cambiado radicalmente» la normativa vigente en 2003 conforme a la que se tramitó.